Las incongruencias que acompañan nuestros comportamientos son auténticamente sorprendentes. Los parlamentarios (legisladores) de una gran cantidad de países han elaborado o están en el proceso de elaboración de leyes que limiten y persigan las descargas de archivos desde Internet. Persiguen las redes peer to peer con el fin de evitar que las películas, las aplicaciones de software, la música, pase gratuitamente desde la red al ordenador del considerado infractor.
Hablo de incongruencias porque se acaba de descubrir que en el parlamento canadiense hay un potente mercado de pirateo informático. Se ha comprobado que las direcciones IP en el rango utilizado en dicho parlamento han dejado fluir películas, copias del sistema operativo Windows, la popular Adobe Premier, y otros muchos archivos. Los datos que muestran el citado flujo se han recuperado de YouHaveDownloaded, una base de datos rusa que almacena información sobre las IPs que acceden a las descargas ilegales.
En esa lista también se encuentran direcciones que corresponden a la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos), a la residencia oficial del presidente francés Nicolas Sarkozy, al Departamento de Seguridad de EE UU o a varias compañías miembros de la MPAA (Asociación Cinematográfica de Estados Unidos).
¿Cómo es posible que los que están trabajando en la ley o leyes de propiedad intelectual pertenezcan al grupo de los infractores? No queremos decir que los legisladores o parlamentarios sean los piratas pero, antes de culpar y castigar a extraños, deben vigilar su propia casa. Tal vez los responsables de cada organismo consideren, como muchos de nosotros, que compartir archivos no es un delito. Lo dicho, una incongruencia.
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