Es uno de los dramas, entre otros muchos, que están afectando sin sentido a una gran cantidad de familias. Personas que se han visto abocadas al paro, que viven en unas condiciones cercanas a la miseria, y que son expulsadas de sus casas. No tiene sentido que les echen del lugar que los ha alojado durante algunos años, muchos o pocos, tras cerrarles la puerta en sus narices y dejar los pisos vacíos.
Lo sabemos todos, lo hemos leído en la mayoría de los medios y lo hemos oído y visto en los telediarios y en otros programas de televisión, según un informe coordinado por Manuel Almenar, magistrado del CGPJ, la ley que regula los desahucios es del año 1909, de hace más de un siglo. Los jueces se ven sometidos, a la hora de emitir un veredicto, a la aplicación de unos principios obsoletos, que no casan con la realidad actual. Ninguno de nuestros políticos se ha preocupado de arbitrar un cambio. Cuando la crisis inició su acción devoradora, con Zapatero en el poder, surgieron los primeros desahucios, pero no se hizo nada para cambiar una ley añeja. Llegó Rajoy y, tras 11 meses de gobierno, todavía no se ha arbitrado el sistema que lleve a su modernización.
En poco más de un siglo la sociedad ha cambiado radicalmente, las formas de vida de 1909 no tienen nada que ver con las de 2012. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que no se necesitaba tener dinero para comprar un piso, sólo había que justificar un sueldo para que un banco proporcionase todo lo necesario para hacerse con él. Pero el sistema se vino abajo por culpa principalmente de banqueros y políticos que no supieron medir y calibrar el despilfarro. A pesar de ello, los que pagamos y sufrimos la debacle somos los ciudadanos normales, los que hipotecamos nuestra existencia para disponer de una vivienda digna.
Estoy de acuerdo en que los pisos de los desahuciados no son de ellos, son del banco que les ha concedido la hipoteca que ahora no pueden pagar. Es indiscutible, pero este no es un motivo para castigar a las personas afectadas poniéndolos en la calle sin nada, dejando que su vivienda se pudra, se quede vacía, sin calor humano. ¿Qué beneficio obtiene con ello el banco? ¿No sería mejor dejar a los afectados en su casa hasta que todo vuelva a su cauce, si alguna vez vuelve?
No se puede esperar más. Hay que cambiar la ley, adaptarla a la realidad de hoy, convertirla en algo que evite uno de los mayores dramas en nuestra sociedad. Es raro el día en que no vemos en la televisión escenas desgarradoras en las que hombres, mujeres y niños desesperados lloran porque se quedan sin vivienda, porque se van a vivir a la calle. No queremos seguir viéndolas, preferimos que nuestras lágrimas se viertan como causa de otras emociones más positivas.
