Es algo que no me cabe en la cabeza. Si yo, o cualquier persona normal (de las que no despilfarran), gastamos más de lo que ganamos nos vemos avocadas al desastre. Y no me refiero al desastre financiero, ese es evidente, sino al desastre en su sentido más estricto y amplio. Si no acabamos en prisión, podemos quedarnos sin vivienda, sin comer, durmiendo en la calle, viviendo de limosna. Pero al parecer no todos somos iguales ante la ley, porque la ley no está hecha para defender y proteger a todos sino sólo a algunos, al menos en ciertos aspectos. ¿Por qué los políticos en general, y los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, con sus allegados, pueden gastar sin tiento, sin preocuparse de si el organismo que representan dispone de dinero para pagar a sus proveedores, a los que hicieron un trabajo y viven de ello?
Despilfarro sin sentido, ¿o sí?
Son muchos los medios de comunicación españoles que se hicieron eco en el mes de marzo del año (lo podrían hacer en cualquier momento, porque no hubo corrección en la mayoría de las actuaciones a pesar de la crisis agobiante) de la falta de previsión, adornada con altos niveles de irresponsabilidad, que adorna y ha adornado (y seguirá adornando, ¡no lo dudes!), a la mayoría de los responsables del gobierno de ayuntamientos (entiéndase alcaldes y demás mandatarios) y de comunidades autónomas (entiéndase presidentes y, también, mandatarios allegados). En la fecha indicada, el día 15 del citado mes, finalizaba el plazo que el Ministerio de Hacienda había dado a los ayuntamientos para que presentasen sus facturas para acceder a una línea de crédito con el fin de dar satisfacción a sus acreedores. Se calcula que el Ministerio tendría que dar 18.000 millones de euros a estos y 17.000 a las comunidades autónomas.
Y el ganador era…
El primer puesto en la lista de gastadores sin tiento lo ocupaba el Ayuntamiento de Madrid, que debía alrededor de 1.017 millones a 1.700 empresas (seguro que algunas ya no existen, ya han quebrado y/o se han disuelto) y 86 millones más que no se podían acoger a este plan, al no ser las facturas de obras, servicios y suministros. Pero no era el único, había y sigue habiendo (perdón por la insistencia) muchos más. ¡De vergüenza!
